Agence France-PresseEl presidente colombiano, Alvaro Uribe, deberá responder por crímenes cometidos durante su gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI) a la que "seguramente" llegará antes que la guerrilla de las FARC, estimó el jueves una senadora opositora a su gobierno.
"Algunos funcionarios dicen que las FARC van rumbo a la CPI, pues yo creo que muy rápidamente les irá a hacer compañía el presidente Uribe. Seguramente, el Presidente llegará primero que ellas", dijo la senadora Piedad Córdoba, facilitadora de un canje de rehenes por rebeldes presos.
Córdoba respondió así a funcionarios del entorno de Uribe quienes indicaron que denunciarán a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ante la Corte Penal Internacional por mantener encadenados a 24 policías y militares que mantienen como rehenes desde hace varios años.
"Si bien las FARC cometen esta situación hay que recordar que durante el gobierno del presidente Uribe se violan permanentemente los derechos humanos y según declaraciones de jefes paramilitares (de ultraderecha) las autoridades fueron cómplices de muchos de sus crímenes", añadió.
Córdoba fungió en el pasado, junto al presidente venezolano Hugo Chávez, como mediadora de un canje de rehenes de las FARC por unos 500 rebeldes presos, pero esa función fue cesada abruptamente por Uribe quien argumentó injerencia en asuntos internos por parte del venezolano.
La senadora acusó a Uribe de "perpetuar el dolor de los secuestrados y sus familias" al negarse a suscribir un acuerdo humanitario pues, para su gobierno "no vale lo mismo la vida de los policías y militares secuestrados que la de la política Ingrid (Betancourt) y tres estadounidenses", dijo.
Betancourt, que tiene ciudadanía francesa, y tres contratistas estadounidenses eran rehenes de las FARC pero fueron rescatados por el Ejército en julio de 2008, en la 'Operación Jaque', junto con otros 11 colombianos secuestrados.
La presencia de la congresista ha sido exigida por las FARC para la liberación unilateral de dos militares, anunciada desde mediados de abril.
Inicialmente, Uribe se negó a aceptar dicha solicitud, y el 8 de julio la condicionó a que la guerrilla marxista libere unilateralmente a 24 uniformados en su poder y entregue los restos de otros tres muertos en cautiverio. Volver a Titulares >
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